En un movimiento legislativo calificado como crucial para la estrategia de seguridad nacional, el Senado de la República aprobó esta semana la reforma que expide la nueva legislación para combatir, prevenir y sancionar el delito de extorsión, homologando el tipo penal en las 32 entidades federativas.
La medida responde a una exigencia social y jurídica de años: terminar con la disparidad de criterios entre los códigos penales estatales que, en muchas ocasiones, facilitaban la liberación de los imputados debido a tecnicismos legales o definiciones laxas del delito.
Unificación contra el crimen
El eje central de esta reforma es la homologación. A partir de su entrada en vigor, la extorsión dejará de ser tratada como un delito patrimonial simple en algunas jurisdicciones para ser reconocida bajo un estándar nacional de alto impacto. Esto impide que las bandas criminales se trasladen a estados con legislaciones más débiles para operar con menor riesgo.
Endurecimiento de sanciones y nuevas herramientas
El dictamen aprobado establece medidas contundentes para desarticular las estructuras criminales:
- Agravantes para operadores en reclusión: Se establecen penas severas para quienes planifiquen o ejecuten extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios, así como para los funcionarios públicos o custodios que faciliten medios de comunicación (celulares) para la comisión del ilícito.
- Persecución a redes financieras: La ley no solo castiga al cobrador, sino que endurece las penas para los cómplices que facilitan cuentas bancarias o estructuras financieras para el lavado del dinero producto de la extorsión.
- Obligación institucional: Se mandato que todas las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas, integradas por policías, analistas y ministerios públicos certificados y evaluados específicamente en el combate a este delito.
Reacciones
Legisladores de diversos grupos parlamentarios coincidieron en que el «cobro de piso» y la extorsión telefónica han evolucionado, requiriendo una respuesta de Estado unificada. Al elevar el costo delictivo y cerrar las brechas legales, se espera una disminución en la incidencia de este delito que afecta tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas.
El decreto ha sido enviado al Ejecutivo Federal para su publicación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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