En el derecho penal, hay pocos principios tan sagrados como la Cosa Juzgada. No es un simple latinismo para adornar sentencias; es la piedra angular sobre la que descansa la paz social. Es la garantía de que, una vez que el Estado ha agotado sus recursos y un tribunal ha dictado la última palabra, el ciudadano puede dormir tranquilo. El conflicto ha terminado.
Sin embargo, los eventos recientes en la capital del país, donde el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte debaten la posibilidad de «relativizar» este principio para reabrir expedientes concluidos, encienden todas las alarmas en el foro jurídico.
Si bien el argumento de combatir el «fraude a la ley» o la corrupción en sentencias pasadas suena seductor —y hasta moralmente correcto—, el remedio podría ser letal para nuestro Estado de Derecho.
¿Por qué nos debe preocupar a los chihuahuenses?
Como litigantes en Chihuahua, sabemos lo que cuesta obtener una sentencia absolutoria o una condena justa. Son años de desgaste, recursos y litigio técnico. Si aceptamos que una sentencia «firme» puede ser revisada años después bajo nuevos criterios políticos o sociales, estamos aceptando que la verdad legal tiene fecha de caducidad.
Romper la inmutabilidad de la Cosa Juzgada abre la puerta a dos demonios peligrosos:
- La Persecución Eterna: El Estado, con todo su poder, tendría una segunda (o tercera) oportunidad para ir tras un ciudadano al que no pudo vencer legalmente la primera vez. Se vulneraría el principio de Non Bis In Idem (nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo).
- La Inestabilidad Civil y Familiar: ¿Qué pasa con una propiedad adjudicada legalmente hace 10 años? ¿Qué pasa con una filiación reconocida? Si todo es revisable, nada es tuyo y nada es seguro.
La Presidenta Sheinbaum argumenta que «el pueblo pide cuentas». Es cierto. Pero el pueblo también pide certeza. Un sistema judicial donde las sentencias son sugerencias temporales y no verdades definitivas, deja de ser justicia para convertirse en un juego de poder cíclico.
En Chihuahua, donde hemos sido pioneros en la implementación del sistema acusatorio, entendemos que el proceso debe tener un fin. La justicia imperfecta pero definitiva es preferible a una «justicia» perfecta que nunca llega porque el expediente siempre puede volver a abrirse.
Defender la Cosa Juzgada no es defender a criminales del pasado; es defender la libertad de los ciudadanos del futuro. Porque si hoy permitimos que se reabran los casos de ayer por razones políticas, mañana nadie nos asegurará que nuestros casos de hoy no serán reabiertos por las mismas razones.
La certeza jurídica no se negocia.
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