La noche del 1 de noviembre, Uruapán Michoacán se volvió una herida. El asesinato del alcalde Carlos Manzo, frente a su gente y en un evento público, no es un “hecho aislado” ni un accidente estadístico: es la confirmación de que la violencia ha invadido cada rincón de la vida cotidiana de un pueblo en plena celebración de fiestas tradicionales. La respuesta ciudadana fue inmediata: marchas, veladoras y protestas que ya recorren Michoacán y algunas otras partes del país (como aquí Cd. Juárez), y que prepara el terreno para una jornada de movilización este 15 de noviembre. No es sólo duelo; es una pregunta política: ¿qué puede (y qué debe) hacer una ciudadanía cuando el Estado no alcanza a protegerla?
Mi argumento es claro, ante un régimen de inseguridad y violencia normalizada, en conjunto con autoridades que no logran prevenirla ni erradicarla, la desobediencia civil (entendida como acción pública, no violenta y responsable) es no sólo legítima, sino necesaria. No se trata de levantarnos en armas y derrocar al gobierno en turno, sino de fijar límites morales cuando la legalidad se queda corta para garantizar lo mínimo: la vida y la dignidad humana.
La desobediencia civil tiene mala reputación porque suele confundirse con el desorden o la anarquía, cuando en realidad es lo contrario, es un orden ético que antecede al orden jurídico. Desde Thoreau hasta los movimientos noviolentos del siglo XX, su lógica es simple y exigente pues cuando una regla, una práctica o una omisión estatal producen injusticia, la persona consciente no está obligada a obedecer pasivamente, puede (y debe) negarse a colaborar con ese mal, de cara a la sociedad, sin recurrir a la violencia. No es capricho ni anarquía: es un llamamiento público a la conciencia colectiva para corregir el rumbo del barco.
En México, este llamamiento no es letra muerta, nuestra Constitución Política coloca a la persona y sus derechos en el centro (artículo 1º) y reconoce la libertad de expresión (6º y 7º) y de reunión pacífica (9º). El Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege la manifestación como parte del corazón democrático. Protestar no es un privilegio que el gobierno concede; es un derecho que la ciudadanía ejerce para auditar al poder y, cuando el poder falla, el derecho a protestar incluye, en ciertos casos, actos de desobediencia civil, como son plantones, cierre de calles, boicots económicos, exigencias en palacios de gobierno, entre otros. La diferencia entre protesta y desobediencia es de intensidad, no de legitimidad.
El 15N, muchas personas saldrán a la calle con un reclamo sencillo y radical, que vivir no sea una excepción. ¿Puede esa jornada convertirse en un gesto de desobediencia civil? Sí, si se asumen cinco condiciones que la vuelven éticamente robusta y políticamente eficaz, ojo, este movimiento parece plantearse sin tintes ni apadrinamientos partidarios aunque el gobierno en turno quiera mencionar lo contrario, pues el pueblo, no es izquierda ni derecha.
Primero, noviolencia total. La fuerza de la desobediencia no está en vencer, sino en desarmar moralmente al adversario. Cualquier expresión de violencia (romper, agredir, incendiar, destruir) no sólo erosiona la causa, también le devuelve al Estado el pretexto perfecto para ignorar el fondo y discutir sólo el método.
Segundo, publicidad y verdad. La desobediencia civil no opera en la sombra ni detrás de máscaras, dice su nombre y dice su motivo. Explica qué ley, práctica u omisión se considera injusta y por qué. Eso permite que la sociedad evalúe la legitimidad de la acción y exige también transparencia en la organización.
Tercero, focalización. No se desobedece al sistema en abstracto; se impugna un punto concreto. En el caso de Uruapán y de tantas ciudades sitiadas por la violencia como la nuestra, el foco puede ser la exigencia de resultados palpables, como son desmantelar estructuras criminales específicas, reordenar mandos policiales, abrir investigaciones independientes, transparentar protocolos de uso de la fuerza.
Cuarto, proporcionalidad. Desobedecer supone interrumpir lo normal (paros, cierre de calles y palacios de gobierno), pero con límite, el fin es visibilizar una injusticia, no generar otra. Cuidar el acceso a hospitales, escuelas y servicios esenciales no es una concesión, es coherencia ética.
Quinto, responsabilidad jurídica. La aceptación de consecuencias es el sello de calidad de la desobediencia civil. No porque la ley sea incuestionable, sino porque la coherencia del acto radica en mostrar que la sanción resulta desproporcionada frente a la justicia de la causa. Quien desobedece responsablemente no huye, da la cara y convierte el procedimiento en un escaparate de la desproporción estatal.
A quienes objetan que desobedecer abre la puerta al caos como lo quieren hacer ver los actores políticos del primer frente, conviene recordarles que el caos ya entró por la puerta grande cada vez que un cargo público es asesinado o desaparecido, cada vez que un expediente se archiva sin justicia, cada vez que la estadística sustituye a una vida. La desobediencia civil, lejos de multiplicar el caos, busca restablecer el pacto roto recordarle al poder que su legitimidad no proviene de administrar trámites, sino de proteger personas. Y si el poder olvida su primer deber, el ciudadano no pierde el suyo, decir no a la normalización del horror. Esto al son de la bandera del anime y manga One Piece, como lo vimos en Indonesia y Nepal, un símbolo de protesta civil.
Pero la exigencia no va en una sola dirección. Si la ciudadanía debe actuar con noviolencia y focolizada, la autoridad tiene obligaciones correlativas en cualquier jornada de protesta como garantizar y acompañar la manifestación, no estorbarla, desplegar cuerpos policiales con protocolos de uso de la fuerza acordes con estándares internacionales, privilegiar el diálogo, la mediación y la facilitación de rutas, documentar incidentes con transparencia y, sobre todo, responder al pliego de exigencias con medidas verificables y plazos públicos.
El 15N como se ha denominado al movimiento previsto a desarrollarse en unos días, no solo en Uruapan, sino también Ciudad de México o inclusive Ciudad Juárez, puede ser un día más en el calendario de la indignación mexicana o un punto de inflexión, depende de nosotros que tenga la forma de una desobediencia civil madura, pacífica, abierta, enfocada, proporcional y responsable. Depende del gobierno que no se esconda detrás de adjetivos ni dándole vueltas al tema, sino que entregue resultados.
Si la ley se queda corta, toca a la conciencia completar la tarea. Desobedecer, esta vez, es obedecer a lo esencial. Si el gobierno se queda corto, le toca al pueblo recordarle que su movimiento puede ser castigado en 2027 y 2030.
En memoria de Carlos Manzo.
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