En un movimiento legislativo que busca cerrar las «puertas giratorias» de la justicia penal en casos de violencia de género, el Congreso del Estado de Chihuahua recibió ayer una iniciativa crucial para reformar el Artículo 126 Bis del Código Penal del Estado. La propuesta, impulsada por la diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), tiene como objetivo central impedir la reclasificación discrecional de la tentativa de feminicidio a delitos menores como lesiones, una práctica que históricamente ha permitido la libertad de agresores potenciales.
El vacío legal actual
Actualmente, litigantes y colectivos feministas han denunciado una problemática recurrente en los juzgados locales: cuando una agresión contra una mujer no culmina en la muerte por causas ajenas al agresor (como la intervención de un tercero o atención médica oportuna), la defensa suele argumentar con éxito que se trata de «lesiones calificadas» o violencia familiar. Esto reduce drásticamente la pena y, en muchos casos, permite que el imputado lleve su proceso en libertad.
Los cambios propuestos
La iniciativa presentada este martes plantea una modificación técnica y sustantiva al Artículo 126 Bis para incorporar una definición taxativa de la tentativa de feminicidio. La reforma establece que no podrá reclasificarse la conducta cuando existan «elementos objetivos y contextuales que revelen razones de género». Entre estos elementos «candado» se incluyen:
- Antecedentes de violencia física, psicológica o económica.
- Amenazas previas.
- Signos de violencia sexual.
- Relaciones de confianza o subordinación aprovechadas por el agresor.
De aprobarse, el Ministerio Público y los jueces estarían obligados a juzgar la intención (dolo) basada en el contexto de género y no solo en el resultado material de las heridas.
Reacciones y Contexto
Esta propuesta llega en un momento de alta tensión para la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), tras la presión social generada por casos recientes donde víctimas de ataques brutales vieron a sus agresores salir bajo fianza tras una reclasificación del delito.
Expertos en derecho penal consultados señalan que, si bien la reforma es necesaria, el reto estará en la carga probatoria: «El legislador debe ser cuidadoso en la redacción para no vulnerar la presunción de inocencia, pero es evidente que el tipo penal actual necesitaba dientes para proteger a la víctima que sobrevive de milagro», comentó un penalista local.
La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Justicia para su análisis técnico, donde se espera que sea discutida antes del cierre del periodo ordinario de sesiones en diciembre.
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