La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ha abierto una discusión que va más allá de la simple actualización normativa. No se trata únicamente de aprender nuevas reglas procesales, sino de comprender que el nuevo modelo exige una transformación en la forma de enseñar, ejercer y administrar justicia en materia civil y familiar, tanto para abogados como para el poder judicial tanto local como federal.
Por ello, la profesionalización y especialización de quienes intervienen en asuntos familiares no debe entenderse como una exigencia aislada ni como una moda institucional pues es una consecuencia lógica del tipo de conflictos que se tramitan ante los juzgados familiares. En estos procedimientos suelen estar involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres en situación de violencia, personas adultas mayores y familias atravesadas por contextos de vulnerabilidad. Por ello, la formación jurídica tradicional resulta insuficiente si no se acompaña de herramientas interdisciplinarias, enfoque de derechos humanos y sensibilidad frente a las desigualdades reales que llegan al proceso.
En los últimos días, el debate se ha intensificado a partir de lo ocurrido en Baja California, donde se ha discutido la exigencia de especialidad, maestría o doctorado para intervenir en determinados asuntos familiares relacionados con niñas, niños y adolescentes. La medida permite plantear una pregunta relevante para la investigación jurídica: ¿la profesionalización debe construirse mediante requisitos formales de acceso al litigio o mediante políticas públicas de formación continua, accesible y progresiva?
En ese punto, la experiencia de Nuevo León resulta interesante. La Escuela Judicial de esa entidad ha impulsado un diplomado sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que, por su estructura, parece responder mejor a una lógica de formación institucional. El programa contempla temas como defensa técnica especializada, derechos de personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, medidas de apoyo, salvaguardias, escucha de niñas, niños y adolescentes y deberes procesales de quienes intervienen en juicio. Este tipo de contenidos permite advertir una comprensión más amplia del nuevo paradigma procesal, donde la especialización no se limita a conocer el Código, sino a desarrollar habilidades y criterios para aplicarlo en contextos complejos.
En Chihuahua también se ha dado un primer paso aunque infinitamente lejano al ejemplo nuevoleonés. El Instituto de Formación y Actualización Judicial anunció un curso asincrónico sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dirigido a colegios, barras, asociaciones de abogados y personas operadoras del sistema de justicia civil y familiar. De acuerdo con la información difundida, el curso se impartirá en plataforma Moodle, tendrá una duración de 60 horas y se desarrollará del 20 de abril al 22 de junio de 2026 y ya cerró su registró a la fecha de publicación de esta opinión.
La iniciativa debe reconocerse como positiva, especialmente porque abre una puerta de capacitación para personas externas al Poder Judicial. Sin embargo, también debe señalarse que una capacitación asincrónica y general sobre el Código Nacional no parece suficiente frente a los desafíos específicos de la justicia familiar contemporánea a menos de un año de que su aplicación sea forzosa.
En ese sentido, Chihuahua tiene ante sí una oportunidad importante. En lugar de esperar a que el debate se traduzca en exigencias formales o restricciones al ejercicio profesional, podría construir desde ahora una política de formación jurídica especializada. Esa política debería incluir a litigantes, personas juzgadoras, secretarías, defensorías públicas, asesorías jurídicas, peritos, procuradurías de protección y personal auxiliar. Desde diplomados, certificaciones, especialidades o maestrías de la misma escuela judicial.
Durante mucho tiempo, la formación del abogado se ha concentrado en el conocimiento normativo y en la memorización de procedimientos. El nuevo modelo procesal exige algo distinto como capacidad argumentativa, sensibilidad social, manejo de audiencias, comprensión interdisciplinaria y compromiso con los derechos humanos. Esto no se logra únicamente con cursos aislados, ni tampoco con la imposición de grados académicos como filtros de entrada, esto se logra mediante procesos formativos constantes, accesibles, evaluables y conectados con los problemas reales de la práctica.
Por ello, la pregunta para Chihuahua no debería ser si basta o no con un curso sobre el CNPCyF. La pregunta de fondo es qué tipo de comunidad jurídica queremos formar frente al nuevo sistema ¿una comunidad que sólo acredita horas de capacitación?, o ¿una comunidad capaz de litigar, juzgar y resolver conflictos familiares con técnica, sensibilidad y responsabilidad institucional? La pelota está de su lado INFORAJ.
La experiencia reciente de Nuevo León resulta útil para abrir esta reflexión pues a través de su Instituto de la Judicatura, el Poder Judicial ha presentó un ciclo de diplomados de actualización en derecho procesal, concebido para fortalecer la formación tanto de personas operadoras de justicia como de quienes ejercen la abogacía. Dichos diplomados han sido en «Actualización en Derecho Procesal Penal» y «Actualización en Derecho Procesal Laboral», impartidos entre enero y marzo el primero y entre marzo y mayo el segundo.
Quedan pendientes de realizarse los siguientes:
«Código Nacional de Procedimentos Civiles y Familiares, 2da edición» entre mayo y agosto de 2026
«Actualización en Derecho Procesal Mercantil» entre agosto y octubre de 2026
«Actualización en Justicia Penal para Adolescentes» entre octubre y diciembre de 2026.
Estos cinco diplomados cuentan con la particularidad de ser impartidos de manera presencial con 100 cupos y, de manera virtual, sin límite de cupo, de manera sincrónica. Invito a revisar sus redes oficiales para su inscripción y aprovecharlos, pues en primer lugar son gratis y en segundo, son gratis.
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