La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado una postura firme para combatir y frenar el uso de estrategias procesales «dilatorias», comúnmente conocidas como «chicanas legales», que han retrasado artificialmente la resolución de juicios clave, especialmente en materia fiscal.
Fuentes del alto tribunal indican que este tema se ha vuelto prioritario y está siendo discutido en el Pleno. El objetivo es cerrar la puerta al abuso de recursos legales que, si bien existen en la ley, son utilizados por algunas partes no para buscar justicia, sino para postergar indefinidamente una sentencia definitiva.
Estas tácticas a menudo incluyen la presentación de múltiples amparos, recusaciones contra ministros o incidentes procesales que, en la práctica, solo buscan entorpecer y alargar los litigios.
Esta nueva directriz de la Corte busca garantizar el principio de justicia pronta y expedita consagrado en la Constitución. La intención es desincentivar que los litigios se conviertan en una guerra de desgaste procesal, particularmente en casos de alto impacto como los juicios fiscales de grandes contribuyentes, donde los retrasos pueden costar millones de pesos al erario.
Esta evasión de resoluciones firmes no solo representa una carga financiera para el Estado, sino que socava la confianza pública en el sistema judicial. Expertos señalan que esta práctica de «litigio estratégico dilatorio» ha permitido a grandes corporaciones posponer sus obligaciones fiscales durante años, afectando directamente la recaudación. La decisión del Pleno de la SCJN de endurecer su postura es una advertencia directa a los despachos de abogados: la lealtad procesal será exigida. Se anticipa que los ministros buscarán establecer precedentes claros para desalentar estas prácticas, priorizando el fondo de los asuntos sobre las formalidades usadas para el retraso.
La reciente multa impuesta a Grupo Elektra por intentar paralizar resoluciones sobre créditos fiscales es vista como una primera y clara señal de esta nueva política de «cero tolerancia» de la SCJN hacia el abuso del derecho procesal. Se espera que de estas discusiones surjan criterios más estrictos para desechar recursos notoriamente improcedentes y agilizar la justicia.
Acerca del autor
