El panorama jurídico del exgobernador de Chihuahua, César D., dio un giro drástico esta semana. Tras ser recapturado en la capital del estado el pasado lunes 8 de diciembre, un Juez de Control Federal dictó prisión preventiva justificada, ordenando su permanencia en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «El Altiplano».

La decisión, emanada de una audiencia maratónica que concluyó la madrugada del miércoles 10 de diciembre, ha reavivado el debate sobre los límites de la persecución penal y las garantías del debido proceso en casos de alto perfil.
La Nueva Teoría del Caso: «El Triángulo Ganadero»
La Fiscalía General de la República (FGR) ha formulado imputación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Federal sostiene que, durante su gestión (2010-2016), el exmandatario desvió aproximadamente 76 millones de pesos del erario estatal.
El modus operandi planteado por la Fiscalía sugiere una triangulación de recursos:
- Transferencia de fondos públicos de la Secretaría de Hacienda del Estado.
- Desvío hacia la Unión Ganadera Regional División del Norte y la Financiera de la División del Norte SOFOM.
- Dispersión final hacia empresas privadas donde el imputado figuraba como socio mayoritario o beneficiario final.
La Defensa: «Un Triple Enjuiciamiento»
El equipo legal del exgobernador, encabezado por el Lic. Juan Carlos Mendoza, ha calificado la medida como «fuera de derecho» y ha estructurado su defensa preliminar bajo tres ejes críticos:
- Violación al Principio Non Bis In Idem: La defensa argumenta que los hechos imputados (montos, fechas y mecánica) son idénticos a los que ya fueron materia de procesos administrativos y penales anteriores en el fuero común, lo que constituiría un doble o triple juzgamiento por la misma causa.
- Irregularidades en la Extradición: Se cuestiona si esta nueva causa penal respeta los términos del tratado de extradición bajo el cual fue entregado originalmente por Estados Unidos (Regla de Especialidad), alegando que no existen los expedientes formales de solicitud para esta nueva excepción.
- Condiciones de Reclusión: Mendoza denunció que el traslado al Altiplano pone en riesgo la integridad de su cliente al mezclarlo con «criminales de alta peligrosidad», argumentando que la prisión preventiva justificada es una medida excesiva dado que César D. se encontraba en libertad condicional y cumpliendo con sus medidas cautelares en Chihuahua.
Lo que sigue: Audiencia de Vinculación
La situación jurídica del exgobernador se definirá este fin de semana. La continuación de la audiencia inicial, donde se resolverá la vinculación a proceso, está programada para este 14 y 15 de diciembre.
La Jueza de Control, María Jazmín Ambriz López, será quien determine si los 120 datos de prueba aportados por la FGR son suficientes para iniciar un juicio federal que mantendría al chihuahuense en el penal de máxima seguridad del Estado de México, lejos de los tribunales locales que llevaron su causa los últimos años.