El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, anunció que su oficina indaga posibles implicaciones penales en la designación de María Cristina Berjes como secretaria de la Sala Uno Penal del Tribunal Superior de Justicia, tras su renuncia al cargo de jueza penal electa. Valenzuela enfatizó que el puesto de secretaria de Sala exige el cumplimiento de requisitos específicos, más allá de una mera decisión administrativa, y podría configurarse el delito de uso indebido de funciones, involucrando incluso al Órgano de Administración Judicial del Tribunal Superior de Justicia.
El 17 de septiembre, Berjes Cardoso –quien había resultado electa como juzgadora especializada en Violencia de Género en el Distrito Judicial Morelos– renunció a su posición para asumir la secretaría de la Sala Uno Penal, bajo la responsabilidad de la magistrada Claudia Cristina Campos Núñez. Como una de las juzgadoras más experimentadas en el Tribunal Superior de Justicia, su ratificación en el cargo se dio mediante elección popular; sin embargo, este es el primer caso documentado de renuncia que deja vacante un puesto judicial electo.
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, en tales escenarios, el secretario del juzgado asume temporalmente las funciones, mientras el Organo de Administración Judicial designa un juez provisional. No obstante, Valenzuela reveló la existencia de cuatro denuncias contra esta designación, originadas en colectivos sociales, abogados y fuentes anónimas. Las quejas argumentan que los cargos judiciales electos son irrenunciables y que el perfil de secretaria de Sala no coincide con el de una jueza, al requerir competencias distintas.
La pesquisa abarcará a todos los participantes en el proceso, sin limitarse a Berjes Cardoso o Campos Núñez, e incluirá al Organo de Administración Judicial, al considerar que carece de facultades para alterar un cargo surgido de un proceso electoral validado por el Poder Legislativo. Valenzuela subrayó que las repercusiones podrían extenderse al ámbito administrativo, dado que ya opera una investigación paralela en la Unidad de Investigación Administrativa del Tribunal Superior de Justicia.
El fiscal concluyó que es fundamental canalizar estos casos a la Fiscalía Anticorrupción, instancia con atribuciones para sancionar malas prácticas en la función pública y garantizar la integridad del sistema judicial. La indagatoria busca esclarecer si se vulneraron normas constitucionales y orgánicas.
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